El cabildante afirmó que no se está cumpliendo el contrato 1051 del 2017, que tiene como propósito plantar árboles en la capital.
El cabildante Rubén Torrado, del partido de la U, afirmó que el contrato que suscribió el distrito para la siembra de árboles (contrato 1051 de 2017) no se está cumpliendo a cabalidad y se está evidenciando serias irregularidades.
Las acusaciones del concejal fueron respaldadas por un informe que entregó la Veeduría Distrital, documento que dio a conocer la situación del contrato que se firmó entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y el Consorcio Forestal Urbano 2017.
La Veeduría Distrital al analizar el caso encontró que existen moras, sobre costos e incumplimientos en las obligaciones a cargo del Consorcio Forestal Urbano 2017.
Estas irregularidades fueron evidenciadas en las actas de los comités de seguimiento, informes de ejecución semanal del equipo supervisor y en la ejecución financiera mensual, toda la situación anterior ya era conocida desde el primer mes de ejecución del contrato.
También se encontró en el documento que entregó el ente de control distrital que “la supervisión del contrato por ley debía estar en cabeza de un funcionario del Jardín Botánico, situación que no fue así, ya que este control lo ejercía un contratista por prestación de servicios”.
Además, se encontró que el jefe de arborización, Santiago Ramírez, presuntamente “omitió sus obligaciones por no solicitar oportunamente el trámite para declaratoria de incumplimiento del contrato e imposición de multas al contratista”, afirmó Torrado.
“El Jardín Botánico no fue capaz de sancionar al contratista como corresponde”, manifestó Torrado.
Finalmente, la Veeduría Distrital entregó todos los hallazgos para que la Personería de Bogotá, quienes ya se pronunciaron frente a la conducta de la directora del Jardín Botánico, Laura Mantilla Villa.
Adicionalmente, se investigará preliminarmente a la subdirectora técnica operativa, Claudia Marcela Serrano y al equipo supervisor del contrato, por no ejercer un control debido al contrato que se había suscrito para rearborizar varias zonas de Bogotá