El Concejal Rubén Torrado ha hecho múltiples debates de control político en donde se busca denunciar el mal manejo de los recursos de los bogotanos y las excentricidades de la administración distrital. Mientras que las administraciones distritales argumentan que no existen los recursos para las inversiones de la ciudad, los funcionarios públicos aprovechan las cajas menores para hacer compras innecesarias.

En el debate más reciente, el Concejal Rubén Torrado demostró cómo la administración distrital paga arriendos en los sitios más costosos de la ciudad que pueden llegar hasta 600 millones de pesos mensuales. De la misma manera, denunció que la administración paga un contrato de más de 6.000 millones de pesos al año para financiar desayunos, almuerzos y cenas para sus funcionarios —que ascienden a más de 42.000 pesos por plato—.

Adicionalmente, el Concejal Rubén Torrado demostró que los funcionarios de la administración distrital viajan permanentemente al exterior a destinos muy costosos y sin propósitos claros. Dentro de los destinos más visitados por los funcionarios de la administración distrital se encuentran Singapur, Madrid, Dubái, Marruecos, Lisboa y Cancún.

“En este debate se evidencia que la administración no cumple con la normatividad vigente y no ejecuta adecuadamente los recursos de los bogotanos. Si no se cuida lo más pequeño, como una caja menor, ¿Qué podemos esperar del manejo de los grandes rubros?” afirmó Torrado.

En Bogotá se promueve la seguridad vial: se busca evitar los excesos de velocidad y prevenir cualquier muerte por siniestros viales. Para eso, la administración distrital pagó en el año 2019 más de 292 millones de pesos por cada una de las 70 cámaras salvavidas que se instalaron.

El Concejal Rubén Torrado hizo seguimiento a estas inversiones y encontró que, tan solo 3 años después de su instalación, de las 70 cámaras, únicamente funcionan 40. Las otras 30 cámaras se encuentran vandalizadas, en mantenimiento o en pérdida total. Eso representa un detrimento patrimonial de 9.344 millones de pesos.

“La mayoría de comparendos que se imponen en Bogotá dependen del sistema de detección electrónica, pero las cámaras no funcionan. Eso es un terrible detrimento patrimonial: instalar cada cámara salvavidas en el año 2019 valió 292 millones de pesos aproximadamente y hoy ya no sirven 30 de ellas. Queremos evitar siniestros viales pero los aparatos instalados para evitarlos no sirven para nada.”

En Bogotá se vivieron intensas jornadas de movilizaciones en el marco del estallido social del año 2021. En esas jornadas de movilizaciones la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia realizó unas de las peores inversiones para garantizar la alimentación de la fuerza pública (en particular del ESMAD) que debía hacer presencia en los puntos más críticos de manifestaciones.

El Concejal Rubén Torrado pudo demostrar cómo se compraron más de 121.000 raciones de medio pollo (con papas y gaseosa) con unos sobrecostos estimados en 871 millones de pesos. En ese entonces, la Secretaría de Seguridad compró cada medio pollo en 25.000 pesos, mientras que el precio promedio en el mercado no superaba los 17.000 pesos.

“Me tomé el trabajo de utilizar el mismo mecanismo con varias cotizaciones a diferentes asaderos reconocidos en la ciudad. El cálculo que obtuve fue de 17.365 pesos por cada combo de medio pollo asado, muy inferior al cálculo mal hecho por la Secretaría de Seguridad que fue de 24.526 pesos.

Por cada medio pollo asado para el Esmad se pagaron $7.000 de más y que al multiplicarse este sobrecosto por los 121.907 combos da un cálculo preliminar de un posible detrimento patrimonial de 871 millones de pesos".