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¿INVERSIÓN O GASTO?

SDDE: FALTA DE PLANEACIÓN, EFICIENCIA E IGNORANCIA, CON LA REALIDAD DE LA CIUDAD

En sesión plenaria, el Concejal Rubén Darío Torrado Pacheco realizó debate de control político, proposición 103 aprobada el 22 de enero de 2025, gestión del Sector de Desarrollo Económico, cuyo debate inicial se hizo el 19 de febrero.

La intervención del concejal del Partido de la U, evidenció una postura valiente y dejó explícita su vigilancia crítica a esta entidad. Señaló las debilidades de planeación y ejecución, en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y en Invest in Bogotá, les exigió respuestas claras y cuestionó la pasividad de los órganos de control ante la situación expuesta. Ante el director de Estudios Económicos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la plenaria, llamó la atención sobre varias estrategias que ha realizado la Secretaría y que a su modo de ver, han arrojado resultados muy pobres.

FRACASO REITERADO EN LOS CONVENIOS

El Concejal hizo cuestionamientos al convenio con la Universidad Javeriana, por $589.171.626 millones de pesos para analítica de datos para que 65 empresas fortalecieran su actividad productiva. Denunció posibles irregularidades en la contratación directa realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico con esta universidad. Según explicó, aunque se presentaron varias cotizaciones —algunas incluso por menor valor— no hubo una justificación técnica clara que respaldara la decisión final de adjudicar el contrato por más de 580 millones de pesos a esa institución. Cuestionó que la Secretaría no hubiera mencionado este detalle, durante su intervención inicial en el recinto en el mes de febrero, lo cual consideró una omisión grave. Recordó que, aunque la Javeriana sea una universidad reconocida, debe cumplir con los mismos requisitos que cualquier otra entidad para contratar con el Estado.

Adicionalmente, comunicó a la plenaria que con su equipo, realizaron un ejercicio de verificación directa encuestando a las 65 empresas, beneficiadas por el convenio. El resultado fue decepcionante: el 81% de los encuestados manifestaron no conocer ni haber usado el visor de Power Bi, una de las herramientas centrales del programa. Además, el 63% no reportó mejoras en sus procesos productivos y el 73% no percibió cambios positivos en sus indicadores financieros. Según el concejal, esto revela que la estrategia de capacitación no solo fue ineficaz, sino también mal focalizada. En muchos casos, se ofrecieron herramientas genéricas a empresas de servicios o de bienes intangibles a las que el programa no les aplicaba. La reflexión fue clara: se gastaron recursos públicos en una intervención mal planeada y con poco impacto real.

Respecto al convenio con el Banco Agrario, para educación financiera y capitalización de rural, por $280.000.000 millones de pesos y dirigido a facilitar el acceso a crédito a pequeños productores y campesinos, el concejal recordó que desde febrero, ya había advertido que las condiciones del convenio eran absurdas, especialmente, la exigencia de que los beneficiarios no tuvieran créditos vigentes con el sistema financiero en los últimos 12 meses, un requisito que desconoce completamente la realidad del campo, donde los productores dependen del crédito para operar. Dijo que esto llevó a que muchos posibles beneficiarios fueran calificados como no viables, lo que explica en parte los resultados tan pobres del convenio.  Cuestionó que se diseñen programas para pequeños productores o campesinos exigiendo niveles de inclusión financiera que excluyen a los más necesitados. A su juicio, la SDDE parece vivir desconectada de la realidad del campo colombiano, donde la mayoría de los emprendedores rurales sobreviven gracias al crédito informal o institucional.

El concejal denunció con firmeza que cerca del 50% de los productores postulados al convenio con el Banco Agrario fueron calificados como no viables, principalmente por presentar moras con entidades financieras, servicios públicos u otras obligaciones. Para él, este criterio es ilógico, pues precisamente quienes más necesitan el crédito son quienes están endeudados o en riesgo financiero.

Según los datos expuestos por Torrado, a pesar de tener una meta de 35 beneficiarios, al 26 de marzo de 2025, solo había cuatro beneficiarios con desembolsos  de crédito y tres en trámite. El 9 de julio, tras varias prórrogas, apenas se había alcanzado un 25.71% de cumplimiento, con nueve créditos otorgados. Y aun así, el 25 de julio se firmó una nueva modificación que extendió el plazo otros tres meses. Para el concejal, estas sucesivas prórrogas reflejan no solo la improvisación en la planeación del convenio, sino también el desinterés de la administración por corregir lo señalado en los debates. Denunció que no se han entregado informes de ejecución, lo que impide hacer un seguimiento real, y concluyó que el convenio no podrá cumplir su objeto, sin importar cuántas prórrogas más se le otorguen.

Además, el concejal recordó que esta no es la primera vez que la Secretaría de Desarrollo Económico celebra convenios con el Banco Agrario con resultados desastrosos. En 2023, un convenio similar tuvo una ejecución del 2.6%, a pesar de haber tenido un presupuesto de 1.300 millones de pesos y una meta de 3.500 unidades productivas impactadas. Solo se concretaron 91 operaciones de crédito. A pesar de estos antecedentes, la SDDE volvió a firmar un nuevo acuerdo con el banco, repitiendo los mismos errores del pasado. El concejal cuestionó que no se tomen en cuenta los fracasos previos y que los recursos públicos se manejen con tal ligereza, como si fueran fondos privados.

INEFICIENCIA EN INVEST IN BOGOTÁ

En su intervención, el concejal también cuestionó duramente a Invest in Bogotá, entidad de naturaleza público privada cuyo presupuesto es de 10.000 millones de pesos anuales, el Distrito pone la mitad y la otra mitad la Cámara de Comercio de Bogotá. Su función es posicionar a Bogotá como un destino atractivo para los inversionistas extranjeros, con el fin de impulsar el desarrollo económico de la ciudad.

Señaló, que si bien Invest participa en múltiples eventos internacionales y recibe reconocimientos, los resultados tangibles han sido mínimos. De acuerdo con sus apreciaciones, Bogotá no ha logrado recuperar los niveles de inversión extranjera directa logrados en 2019 (3.229 millones de dólares),  siendo este indicador,  el verdadero termómetro del éxito de esta agencia, no los premios (mejor agencia de promoción e inversión en América Latina), ni la cantidad de foros o misiones comerciales en los que participan. Es necesario repensar el rol de esta agencia en el distrito.

Como ejemplo de su crítica, mencionó el convenio 733 del 26 de junio de 2025, por un valor de 326 millones de pesos, cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para posicionar a Bogotá como un hub tecnológico, mediante el fortalecimiento y conexión de emprendimientos y empresas de base tecnológica a mercados nacionales e internacionales”. Llamó la atención sobre el uso desproporcionado de recursos para actividades de conexión y posicionamiento: se destinaron 178 millones sólo a participación en ruedas de negocio y encuentros comerciales. Además, denunció que el contenido promocional y publicitario del programa de aceleración, que debía impulsar emprendimientos digitales, fue elaborado casi en su totalidad con inteligencia artificial (ChatGPT), sin transparencia en los costos, pues se le asignó un presupuesto de 70 millones de pesos.  Según el cabildante, esta situación evidencia una grave falta de rigor técnico en el diseño y ejecución del convenio.

Para concluir su intervención, el concejal Torrado, manifestó la falta de respuestas de la SDDE frente a  preguntas puntuales formuladas durante el debate de control político, pues en febrero, cuando intervino María del Pilar López,  Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, ésta hizo un informe de gestión, y no una rendición de cuentas. Varios temas clave fueron omitidos, por ejemplo, no dio claridad sobre el futuro de la plataforma Virtual Bogotá Market, no entregó datos concretos sobre el presupuesto destinado a programas como Hecho en Bogotá, cuya eficacia ha sido fuertemente cuestionada: y mucho menos, abordó la estrategia para apoyar a comerciantes afectados por las obras de infraestructura, el cual es un tema urgente de atender. Finalmente, expresó su decepción por la actitud evasiva de los funcionarios de la SDDE y pidió la urgente intervención de los órganos de control para que se revise la pertinencia y eficacia de las estrategias productivas, ya que los recursos públicos deben manejarse con mayor responsabilidad y transparencia.

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