El miércoles se aprobó en cuarto y último debate, en el Senado de la República, la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, algo así como la “constitución de la ciudad” que, entre otras cosas, contempla la organización político-administrativa de la misma. Ahora este proyecto pasará a conciliación y por último deberá ser sancionado por el Presidente de la República.
El tema es técnico, complejo y hasta cierto punto controversial, pues plantea el realinderamiento de las localidades (que en principio pasarían de ser 20 a ser 32) pero hay más.
EL NUEVO SIGLO auscultó con concejales de todas las corrientes políticas para tantear las aguas de cómo sería la discusión en el Concejo y tres grandes conclusiones salieron a flote: sin duda esta modificación era necesaria para la ciudad, pero persisten algunas dudas. Por otro lado, con esta reforma el Concejo pierde facultades, en específico con lo relacionado a las vigencias futuras, y por último, hay serias críticas a que los determinantes político-administrativos de la ciudad quedarán contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Las localidades
Uno de los aspectos que plantea la reforma es que la división de las localidades quedará contemplada en el POT. La explicación del porqué de esta conjunción de herramientas se la dio a este Diario el representante a la Cámara que lideró el proyecto, José Daniel López, quien indicó que una articulación e identidad plena entre el Plan de Ordenamiento Territorial y el punto del Estatuto Orgánico alusivo a la visión político-administrativa de las localidades, era necesaria.
“Son dos caras de la misma moneda entonces lo que nos pareció más lógico fue unificar el trámite y que sea en el POT en donde se defina cómo quedará la distribución de las localidades”, explicó al finalizar la semana el representante López.
No obstante, de acuerdo con la concejal de Colombia Humana, Susana Muhamad, esta figura terminó quitándole facultades al Concejo de Bogotá y no tiene sentido.
“Lo que hicieron es una barbaridad. La definición del ordenamiento administrativo le compete al Concejo Distrital. El procedimiento de la aprobación del POT dice que por vencimiento de términos (el Concejo no toma una decisión), la Alcaldesa lo puede sacar por decreto. Eso quiere decir que si van a incrustar la reforma administrativa, del número y delimitación de las localidades en el POT, termina siendo una decisión de la Alcaldesa”, dijo a este Medio la cabildante Muhamad de Colombia Humana, quien añadió que esto es una inconstitucionalidad porque abre la ventana a que la Alcaldesa abrogue competencias que son del Concejo Distrital.
Agregó que el POT no es el instrumento para delimitar localidades ni encargarse de la división administrativa de las mismas. “Nos parece que lo que acaba de aprobar el Senado es inconstitucional y si eso termina siendo ratificado por el Presidente o se convierte en ley de la República, nos va a tocar demandarlo por inconstitucionalidad”.
En esto coincidió el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, quien fue claro al advertir que con la reforma al estatuto orgánico de Bogotá al Congreso se le olvidaron las competencias del Concejo de Bogotá, que es quien toma las decisiones que aluden a la ciudad en el marco del decreto Ley 1421.
“Esa propuesta en el Congreso carece de legitimidad, pese a que pueda tener un procedimiento normativo legal. Es muy importante preguntarse cuál será el impacto fiscal que se tendrá con estos 32 nuevos gerentes locales. Estas son las dudas que claramente han quedado en el tintero por falta de discusión. A este proyecto le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a la reforma tributaria: que por ese pequeño detalle de ausencia en la participación e imposición del mismo, sencillamente no va a llegar a buen término. Con toda seguridad, por lo menos yo, emprenderé una demanda contra lo que se estableció”, sentenció Vega.
A propósito de esta exclusión del Concejo de Bogotá por parte de quienes discutieron y aprobaron la reforma al Estatuto Orgánico, el concejal del partido de La U, Rubén Torrado, le dijo a este Medio que “el Congreso es tan arrogante que nunca ha tenido en cuenta al Concejo, que es el verdadero legislador de la ciudad para hacer esta reforma al Estatuto Orgánico. Yo no le veo un ambiente favorable porque no hubo una socialización seria”.
Finalmente a este respecto, de acuerdo con el concejal del Polo, Carlos Carrillo, esta reforma en general es un poco inane excepto por el parágrafo transitorio en el Artículo 6. “Este artículo básicamente nos da a nosotros la orden de modificar las localidades. Como está hoy en el 1421 el Alcalde somete a consideración del Concejo la modificación de las localidades. Así está. Pero lo cambiaron en un párrafo transitorio en el que nosotros los concejales, sí o sí aceptamos lo que diga el POT”.
Vigencias futuras
Otro de los artículos que incluye esta reforma y que levantó ampolla, fue el 14, frente al cual el concejal Andrés Forero se manifestó completamente en contra.
“Ahí el Concejo tenía más competencias y mayor capacidad de control sobre el manejo que le iba a dar la Administración Distrital de turno a esas vigencias futuras ordinarias, y ahora el Congreso de la República decidió quitar ese elemento de control y en eso sí estoy completamente en desacuerdo, sin importar cual sea la administración. En último minuto el Senado decidió meter ese, a mi juicio gol. Claramente le quitaron competencias al Concejo de Bogotá”, manifestó Forero.
Al respecto, el concejal Carlos Carrillo indicó que “esto es un orangután gigantesco porque nada más y nada menos le quita al Concejo la facultad de aprobar las vigencias futuras ordinarias. Entonces Claudia López va a poder decir qué necesita vigencias futuras por ‘x’ cantidad de plata para la Segunda Línea del Metro, por poner un ejemplo, y ni siquiera lo tendrá que discutir con el Concejo. Es una vergüenza”, añadió.
Una reforma necesaria
Precisamente porque hace 28 años no se reforma este Estatuto, esa circunstancia ha desembocado en una evidente desarticulación entre lo que el texto plantea y lo que la capital colombiana necesita. En tal sentido, según el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, “es interesante que su modificación sea ya, después de tanto tiempo”.
“Creo que efectivamente las dinámicas de la ciudad han cambiado y se requiere una modificación por lo menos en lo que atañe a la administración político-administrativa. El problema es que en la modificación que adelantó el Congreso no quedan muy claras qué va a ocurrir después, o si habrá una multiplicación de cargos burocráticos”.
A este particular se sumó el concejal conservador, Nelson Cubides, quien dijo que se necesita descentralizar la ciudad y tener una serie de localidades adicionales y unos gabinetes locales. “Creo que eso va a generar mayor compromiso e identidad, va a fortalecer la gobernabilidad y va a hacer más técnicas las Juntas Administradoras Locales”, indicó a este Medio.
“Yo no he tenido oportunidad de revisar el texto que salió aprobado, pero lo que yo sí debo decir es que de tiempo atrás, hace ya varios años, se ha venido solicitando que Bogotá requiere de una nueva división territorial y una reestructuración de las localidades de la ciudad como Ciudad Bolívar, Usme o Chapinero, que tienen sectores rurales y otros urbanos y condiciones económicas y sociales muy distintas”, dijo por su parte la concejal liberal, María Victoria Vargas, a EL NUEVO SIGLO.
Por último, el concejal Carrillo refirió que esto “es un error conceptual enorme. Las nuevas unidades de planeación local no tienen porqué corresponder con las nuevas localidades. Hoy nosotros tenemos unas UPZ producto de un proyecto urbanístico para tratar de organizar el territorio con finalidades estadísticas, demográficas, etc., y unas localidades que son producto de un devenir histórico. No es lo mismo la planeación del territorio que la organización político-administrativa. Son cosas distintas”.