Columna de opinión
Este año 2026, finalmente la Administración Distrital y el IDU dieron vía libre al aprovechamiento provisional de los terrenos adquiridos para la construcción del Corredor Verde de la Séptima, concretamente de 21 predios agrupados en 14 lotes, con extensiones entre los 300 mts y los 1.900 mts, comprendidos entre las calles 24 y 99 (tramo uno, calles 24 a la 76 y tramo dos, calles 76 a la 99) cuya construcción está presupuestada para empezar hasta el año 2028.
En la práctica, hasta que no entre a operación la Primera Línea del Metro en la Avenida Caracas, y se pueda dar solución a los problemas de movilidad en este trayecto de Chapinero, no será viable empezar la construcción del tramo sur del corredor verde. Aunque en este mes de febrero, ya se anunció el comienzo de las obras del tercer tramo, comprendido entre las calles 99 y 200, la licitación del tramo sur que fue declarada desierta en el 2024, se encuentra en pausa y su construcción aún sigue en evaluación.
A través de la plataforma del SECOP II con el código IDU-IP-DTAI-001-2026, se hará un proceso público para adjudicar los contratos de aprovechamiento económico que tendrán una duración inicial de tres años. Se adjudicarán a través de una subasta al alza, partiendo de un precio base fijado por avalúos de renta, oscilando el valor estimado de los lotes entre 467 millones y 1.485 millones (el más costoso).
Los contratos adjudicados podrán prorrogarse hasta que inicien las obras del tramo sur de este corredor. Las actividades que allí se podrán desarrollar respetarán el plan de ordenamiento territorial POT y se podrán instalar negocios como: restaurantes, cafés, estructuras tipo contenedor para el comercio y servicios acordes a la zona en equipamientos productivos. Según el IDU, se espera hacer las adjudicaciones en el primer trimestre de 2026.
Al respecto y como cabildante “considero que el aprovechamiento económico provisional de los lotes mencionados, es una buena iniciativa para generar recursos que serán reinvertidos en el mismo espacio público, pero no reduce la presión existente sobre el suelo de la ciudad y denota una planeación urbana poco coherente, por parte de la actual administración. Me preocupa que estos predios adquiridos con recursos públicos -del cupo de endeudamiento aprobado en 2017 por el Cabildo Distrital-, hayan estado desocupados por varios años, generado inseguridad, vandalismo, basura, deterioro físico y afectaciones al comercio de las zonas donde se encuentran los lotes ”.
Si la planeación urbana en Bogotá funcionara eficientemente, en materia de gestión del suelo, no se le hubiera dado prioridad a la adquisición y demolición de los predios -entre las calles 24 y 99 con carrera séptima.-, para asegurar el trazado del corredor, sin antes haber incorporado un protocolo de transición, en caso de suspensión de parte de la obra, como ha pasado con los tramos uno y dos del corredor.
Cuando se declaró desierta la licitación del 2024, se debieron activar inmediatamente, los mecanismos necesarios para evitar la degradación de estos activos públicos, ya que una vez adquiridos y demolidos, la falta de uso de este suelo, generó consecuencias, tales como: el costo de oportunidad fiscal (el proyecto no avanzó, y han permanecido improductivos), el deterioro del paisaje urbano, la reducción de la actividad económica en los entornos inmediatos y el aumento en la percepción de inseguridad, entre otros. Estos costos debieron preverse en una intervención como la que se tiene presupuestada en el Corredor Verde.
En mi concepto, aunque la decisión de habilitar los espacios para un aprovechamiento económico, es una herramienta válida para reactivar el espacio, reducir el deterioro y generar recursos de mantenimiento para el espacio público, esta es sólo una estrategia de mitigación temporal del riesgo territorial. Solamente servirá, si el uso transitorio de los espacios está vinculado a un cronograma real de ejecución futura del proyecto estructural del Corredor Verde, entre las calles 24 y 99.
Me pregunto entonces: ¿se tratará de una solución parcial, o de una simple respuesta reactiva ante la inseguridad y el abandono de los predios comprados, o existe una estrategia urbana coherente que garantice que el tramo sur del corredor verde sí se construirá?.
Lo que percibo es una gran desconfianza ciudadana y un gran costo social para la zona de Chapinero donde se encuentran ubicados los lotes que hasta ahora son un lucro cesante para la ciudad. Se compraron con recursos públicos y se hicieron estudios técnicos durante la administración anterior por $17.119’514.600 (en consultoría $12.801’080.217 y en interventoría $4.317’525.383). Es decir, se gastaron más de diez y siete mil millones de pesos en estudios para luego poner en pausa, los tramos uno y dos del Corredor Verde, evidenciando un manejo poco eficiente de este proyecto estratégico para la emblemática carrera Séptima.
La ciudad debe tener una política clara de transición entre la intervención inicial y la ejecución final de la obra. Es una cuestión de gobernanza del suelo y de planificación. Sólo el tiempo lo dirá….