He venido advirtiendo del represamiento y la inoperancia en la justicia policiva desde diciembre de 2024
Fue precisamente en esta fecha, cuando encendí la alarma, y revelé en un debate de control político, que había 1.4 millones de expedientes sin resolver, y sin una actuación policiva. Ahora, en julio de 2026, un año y medio después, estamos en el mismo punto de partida de diciembre de 2024, tras conocerse las cifras que reveló la Personería de Bogotá, en su más reciente informe sobre la justicia policiva en la capital. Con corte a marzo de 2026, la entidad encontró 1.487.091 expedientes represados y sin resolver, cifra que superó en casi 90.000 expedientes a la revelada por mí hace año y medio. Tal como si no hubiera pasado un solo día desde el 2024, y existiera en la ciudad una justicia que no juzga, ni avanza.
Este hallazgo de la Personería equivale a tener el 94,3% de la justicia de barrio, en parálisis total, pues solamente el 5,7% de los casos relacionados con conflictos de convivencia -riñas, porte de armas, invasión del espacio público, ruido, conflictos entre vecinos- han tenido una decisión de fondo. Y lo más grave de todo es que, de estos 1.487.091 expedientes sin resolver, 931.790, es decir, el 62% de los casos activos, no tienen ni siquiera un responsable asignado para tramitarlos, no están en estudio y se están envejeciendo sin ningún trámite.
En mi debate sobre “el funcionamiento de las Inspecciones de Policía Distritales”, la Secretaría Distrital de Gobierno reportó directamente una cifra que hoy resulta casi igual a la dada por la Personería en 2026. Allí interpelé al Secretario de Gobierno, Gustavo Alberto Quintero Ardila, sobre el verdadero problema detrás de los represamientos, sobre la importancia dada al enfoque cuantitativo de los fallos, es decir, a la cantidad de fallos, porque los inspectores podrían parecer eficientes, pero el represamiento era evidente. Expuse que “lo verdaderamente relevante debería ser poner la lupa sobre los presuntos casos de corrupción que manejan los inspectores, corregir la falta de supervisión y ser contundentes con el control interno y la gestión disciplinaria, desde la Secretaría de Gobierno”.
Asimismo, documenté un recorte de 10.000 millones de pesos en el presupuesto destinado a fortalecer inspecciones; de los 223 inspectores de Policía en funciones, 70 tenían investigaciones disciplinarias activas; se habían interpuesto más de 1.517 tutelas en dos años, e insté a que se eliminaran los superpoderes de los inspectores de Policía de la ciudad.
Predije lo que ha pasado en este 2026 al haber cuestionado a la Secretaría de Gobierno sobre “si existía un proyecto de resolución para ampliar la planta en 83 inspectores, 4 profesionales y 83 empleados asistenciales permanentes para fortalecer la gestión policial”. Me respondieron en mayo de 2025, cuando el Distrito sí amplió el personal. Y parecía que todo iba a funcionar mejor con las 83 nuevas inspecciones, pero, por otra parte, suprimieron la herramienta que era exitosa, las inspecciones de descongestión temporales, que funcionaron desde abril del 2021 hasta junio de 2024, las cuales cerraban en promedio 41.500 expedientes al mes. Tras el desmonte de las mismas, la cifra de expedientes resueltos cayó en 25.000 mensuales, es decir, una caída del 39,7% en la capacidad de respuesta de la ciudad.
Por ello, lo que se logró en el 2025 con la ampliación de la planta de inspectores no alcanzó a reponer lo que se perdió en el 2024, con el cierre de las inspecciones de descongestión temporales. No se contaba con una estructura permanente que pudiera reemplazar el papel que hacían estas inspecciones temporales, y ahora en 2026, se llegó a la crisis que actualmente describe la Personería.
Y la advertencia que hice sobre las métricas también se cumplió. Fue en enero de 2026 cuando la Secretaría de Gobierno anunció que habían superado en un 137% la meta de Inspección, Vigilancia y Control, con 13.062 acciones frente a una meta de 9.531. Estas cifras sobre el enfoque cuantitativo de los fallos pueden ser muy engañosas porque, a mí parecer, miden operativos en campo, visitas, cierres, recuperación del espacio público y no la resolución de expedientes represados, que es lo que documenta la Personería en su último informe.
La Administración Distrital puede mostrar, como en este caso, un cumplimiento del 137%, mientras el ente de control –la Personería- documenta en su informe con corte a marzo de 2026 que el 94,3% de los expedientes de fondo sigue paralizado. Las dos cifras son ciertas, pero para un ciudadano de a pie, lo verdaderamente importante es que sí reciba justicia y su caso se resuelva.
Según el informe de la Personería, el mayor número de expedientes es por porte ilegal de armas. Por esta conducta se han abierto 1.243.798 expedientes desde 2017, de los cuales 507.800 siguen activos y sin resolver. A su vez, de ellos, 392.353 expedientes, es decir, el 77%, ni siquiera han sido asignados. Así mismo, el informe reveló que hay 33.949 procesos iniciados antes de 2017 que siguen vigentes, incluyendo una invasión por espacio público en Kennedy abierto en 1985 y una disputa por el cerramiento de parques en Puente Aranda que se remonta a 1986. Esto quiere decir que hay bogotanos que han esperado una respuesta por cuatro décadas. Es verdaderamente increíble: mientras la demanda ciudadana crece, hay un gran rezago en la capacidad institucional de trámite y decisión, inclusive de muchos años.
Para finalizar, quiero recordar que, en diciembre de 2024, interpelé al Secretario de Gobierno sobre la existencia de un proyecto de reducción y estudio de cargas laborales para la creación de cargos de inspecciones de Policía y cuestioné que, a pesar de que se habían pagado 80 millones de pesos por un estudio técnico sobre el tema, nunca se conocieron resultados claros. Hoy la pregunta es: ¿De qué sirvió este estudio, si año y medio después, el represamiento, en vez de bajar, aumentó?
Informes, estudios, diagnósticos, denuncias de los inspectores por sobrecargas no van a solucionar la situación si no hay un compromiso urgente de la Secretaría Distrital de Gobierno y de la Administración Distrital para que los bogotanos tengan acceso a la justicia. Es necesario restituir de manera permanente la capacidad de descongestión que se perdió en el 2024 con el cierre de las inspecciones de descongestión temporales; se necesitan más recursos, personal y gestión administrativa; dar prioridad al reparto de los 931.790 expedientes que hoy no tienen un responsable asignado y revisar la gestión disciplinaria en las inspecciones para que haya un verdadero control interno, entre otras acciones.
Y como lo dije hace año y medio y hoy visto con espejo retrovisor: “Urge que la Veeduría Distrital y la Personería también asuman su responsabilidad, tomen cartas en el asunto, corrijan las malas prácticas de los inspectores y establezcan los mecanismos de control interno y disciplinario necesarios para eliminar los superpoderes de los inspectores de Policía de Bogotá”.
FUENTES:
- Personería de Bogotá. “Informe sobre el estado de la justicia policiva en Bogotá, con corte a marzo de 2026”.
- Oficina Prensa. Concejal Rubén Darío Torrado Pacheco. Comunicado: “ Concejal Rubén Darío Torrado prende las alarmas: corrupción en las inspecciones de Policía Distritales”. Bogotá, 12 de diciembre de 2024. Notas propias y reseña del debate.
- Periódico El Tiempo. “Bogotá enfrenta una parálisis en su justicia policiva con más de 1,4 millones de expedientes sin resolverse”. 16 de junio de 2026.